España, hacia una movilidad verde, eficiente y digital

La ciudad de los rascacielos alcanza un nuevo hito: Nueva York ha ratificado recientemente el primer sistema de peajes a vehículos privados que se aplicará en Estados Unidos. Ahora, los conductores que quieran cruzar Times Square en su coche o acceder al distrito financiero sin usar medios de transporte alternativos se verán obligados a pagar una cuantía que se reinvertirá directamente en modernizar la red de metro, autobuses y trenes de cercanías de la MTA –se calculan unos ingresos anuales de 1.000 millones de dólares–.

El plan, similar a los que ya se aplican en capitales europeas como Londres o Milán, no ha visto resistencia alguna. Tan solo ha recibido un voto en contra frente a once apoyos en Estados Unidos, un territorio donde la planificación urbana es históricamente más amigable con los vehículos que con las personas, lo que evidencia la imparable transformación de las urbes hacia una movilidad más sostenible.

España también ha dado un paso adelante en la movilidad verde y eficiente retomando el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una propuesta legislativa que se quedó en stand-by tras la convocatoria de elecciones generales y que ahora se recupera con el objetivo de tramitarse por la vía de la urgencia y aprobarse este año, en línea con los compromisos tomados con la Unión Europea como, por ejemplo, reducir un 90% las emisiones de camiones y autobuses.

Este documento legislativo es especialmente destacable porque, por primera vez, reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social, pero, sobre todo, porque posiciona la digitalización y las soluciones innovadoras como aliadas clave para cambiar el mapa urbano, priorizar la movilidad activa y mejorar las infraestructuras de transporte público.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible es una apuesta por un sistema de transporte innovador donde los datos abiertos tienen un papel fundamental. De hecho, la norma, además de regular soluciones innovadoras como el transporte a demanda, los coches compartidos o el uso temporal de vehículos, impulsará el acceso a información pública de numerosos agentes sociales, tanto administraciones como infraestructuras y organizaciones públicas y privadas. El objetivo: construir un sistema de transporte realista con las necesidades, adaptable y eficiente.

Para hacerlo creará el Espacio de Datos Integrados de Movilidad (EDIM), una herramienta que pretende reunir en un solo portal toda la información relativa a la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías desde una perspectiva multimodal. En otras palabras, una biblioteca digital que recogerá los datos necesarios para facilitar el diseño de políticas públicas de transporte, la toma de decisiones en la transformación de los desplazamientos y la ejecución de nuevas infraestructuras y servicios de movilidad.

¿Cuál será la información que tengan que aportar las empresas operadoras de movilidad a esta plataforma? El propio documento legislativo lo especifica en uno de los anexos que dedica, por completo, a describir los datos con los que se debe contribuir para garantizar la utilidad del portal: rutas, paradas y horarios en el caso de servicios convencionales, y la forma de acceso de los vehículos en el caso de los servicios a demanda.

Este sistema abre así un abanico de posibilidades para la transformación de la forma en que nos movemos. Por ejemplo, los datos abiertos ayudarán a crear el Documento de Orientaciones de Movilidad Sostenible, que servirá de guía para la planificación de las administraciones e incluirá directrices para un buen seguimiento de la movilidad elaboradas a partir de encuestas periódicas a la ciudadanía, además del análisis de numerosos indicadores.

Por otro lado, la oportunidad de contar con esta gran variedad de datos a demanda será de gran ayuda para evaluar las inversiones a la hora de construir nuevas infraestructuras o entender en mayor profundidad y de forma más diversa las necesidades de la ciudadanía según su contexto, lo que generará ciudades más amigables con las personas y sus hábitos de desplazamiento.

A la lista de innovaciones digitales se añade la creación de aplicaciones y otras soluciones de rutas y viajes para hacer más sencillo el uso del transporte público y fomentar la intermodalidad. También tiene cabida en este documento legislativo la movilidad eléctrica, ya que esta fuente inagotable de datos mejorará la información acerca de la localización de puntos de recarga eléctrica.

Es importante destacar que la ley se posiciona sobre el uso de los vehículos autónomos, recogiendo los principios que deberán seguir las administraciones para introducirlos en la vía pública priorizando la sostenibilidad, los derechos de los peatones y la colaboración público-privada. Además, incluirá herramientas para facilitar la innovación creando, tal y como explica el Ejecutivo, un sandbox –entorno de pruebas– para testear soluciones innovadoras de movilidad cotidiana y hacer más sencilla su llegada al mercado.

Dejando lo digital a un lado, el proyecto de ley también toma partida a la hora de trasladar del papel al asfalto entornos urbanos más eficientes y sostenibles. Para empezar, busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones abriendo la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por circulación en zonas definidas de bajas emisiones. No obstante, será cada municipio el que decida si implementa la tasa o no.

En este sentido, es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la que actualmente obliga a los municipios que superen los 50.000 habitantes y a los de más de 20.000 que superen ciertos valores a establecer una Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, actualmente solo hay activas 16 zonas en 14 municipios diferentes. Por ahora, en paralelo con la tramitación de la ley, ya se han transferido 500 millones de euros del Plan de Recuperación impulsado por los fondos Next Generation a 120 municipios para impulsar el cambio y establecer zonas sin emisiones, adquirir autobuses de energías alternativas, peatonalizar las calles y desplegar carriles bici, entre otras acciones.

Pero también es fundamental transformar el paisaje urbano en materia de transporte de mercancías. Por eso, este proyecto de ley se compromete a aumentar las inversiones en el transporte ferroviario de mercancías y así alcanzar un 10% de cuota modal, obligando a las administraciones a incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando siempre el transporte público.

En este sentido, situando a las personas en el centro, una vez aprobada la ley, los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro o 250 por turno estarán obligadas a disponer de planes de movilidad sostenible que ofrezcan desde alternativas de movilidad eléctrica o transporte colectivo hasta la flexibilización de horarios de entrada y salida y teletrabajo.

Ese es precisamente el otro gran pilar sobre el que se sustenta esta nueva ley, la involucración de la sociedad en esta transformación. Lo hace a través de tres vertientes: la primera, como demuestran las medidas, facilitando los desplazamientos y la intermodalidad para reducir las emisiones y mejorar la calidad de vida de los habitantes; la segunda, incluyendo nuevas herramientas que permitan reforzar la transparencia y tomar decisiones más eficientes; y la tercera, realizando campañas de concienciación en materia de movilidad sostenible con contenidos de educación vial, convivencia y modos de transporte sostenibles.

Todavía queda camino por recorrer en la aprobación de este documento que busca acercar la movilidad de España al siglo XXI, pero la propuesta deja claro que para que las medidas tengan el éxito que se espera deben trabajarse de forma cooperativa. Para ello se creará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que conectará a administraciones con órganos consultivos para garantizar un recorrido homogéneo que permita adaptar las ciudades al reto climático y de salud, impulsando una movilidad más limpia y al servicio de las personas.